Por: Leanlly Pérez- El gobierno de Brasil ha iniciado una investigación contra el gigante chino de autos eléctricos BYD y su subcontratista Jinjiang Open Engineering por presunto tráfico humano en la construcción de una nueva fábrica en el estado de Bahía, al noreste del país.
Según fiscales federales, 163 trabajadores chinos que estaban trabajando en la construcción de la planta en Camaçari, cerca de la capital Salvador, se encontraban en condiciones que las autoridades han calificado como análogas a la esclavitud.
Las investigaciones comenzaron después de que inspectores laborales identificaron graves violaciones de los derechos de los trabajadores.
Los operarios, empleados por la subcontratista de BYD, fueron considerados víctimas de tráfico internacional con fines de explotación laboral. Según el informe, los trabajadores dormían en condiciones precarias, sin colchones, con solo un baño para 31 personas y realizando largas jornadas laborales bajo el sol.
Además, se descubrió que los empleadores les confiscaban los pasaportes y retenían el 60% de sus salarios, lo que profundizaba aún más su situación de vulnerabilidad.
En respuesta a las acusaciones, la filial brasileña de BYD, Auto do Brasil, anunció la rescisión inmediata del contrato con la subcontratista Jinjiang, y aseguró que los 163 trabajadores rescatados serían enviados a hoteles para su bienestar y seguridad.
Sin embargo, la subcontratista negó las acusaciones y se mostró indignada por el uso del término «esclavitud». A través de un comunicado en Weibo, la red social china, Jinjiang calificó las acusaciones de «inexplicables» y expresó que el personal de la empresa se sintió «gravemente insultado».
Este escándalo ha llamado la atención tanto en Brasil como en China, y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, declaró que Pekín estaba al tanto de la situación y se encontraba verificando los hechos. Además, destacó que China otorga gran importancia a la protección de los derechos de los trabajadores y exige que las empresas chinas operen conforme a las leyes y regulaciones internacionales.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) de Bahía, junto con otras autoridades brasileñas, había estado monitoreando las obras desde noviembre, lo que llevó a la identificación de estas condiciones laborales extremas.
Como resultado, las obras fueron parcialmente suspendidas y las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de los delitos.
Aunque el caso está siendo seguido de cerca por autoridades y medios de comunicación, se ha generado una preocupación sobre las prácticas laborales en la construcción de fábricas extranjeras en Brasil, especialmente en el contexto de las grandes inversiones internacionales en el país.
Las autoridades brasileñas, así como los defensores de los derechos laborales, insisten en la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir el tráfico laboral y garantizar condiciones de trabajo dignas para todos los empleados, independientemente de su nacionalidad.
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