La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley de amnistía para presos políticos, tras una semana de intensas negociaciones en las que surgieron diferencias sobre el alcance de la normativa y dudas entre organizaciones y familiares acerca de si activistas y opositores exiliados podrían beneficiarse de ella.
La iniciativa, promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez —quien asumió el poder luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a principios de enero— fue aprobada por unanimidad en segunda discusión tras una sesión de dos horas.
“Estamos garantizando un futuro de paz, convivencia y encuentro para nuestros jóvenes”, afirmó Rodríguez tras firmar la ley en el Palacio de Miraflores en Caracas.
“Ha sido un acto de grandeza y de desprendimiento, que cada uno de quienes hemos tenido actuación política estos últimos 25 años nos estamos desprendiendo un poco de la intolerancia”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la mandataria encargada y dirigente clave del chavismo que condujo el debate de la norma— aseguró que “la Ley de Amnistía se encarga de restañar las heridas derivadas de los hechos de violencia política”.
La nueva legislación otorga amnistía por hechos o “faltas cometidas” en distintos momentos de crisis política registrados entre 2002 y 2025.
Entre ellos figuran el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y comienzos de 2003, así como las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024, entre otros eventos contemplados en el texto.
No obstante, quedan excluidos los casos de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, homicidio intencional, lesiones graves, tráfico de drogas y los ilícitos previstos en la ley contra la corrupción, según establece el artículo 9 de la normativa.
