El Ministerio Público informó que fueron arrestadas cuatro doctoras y una alcaldesa pedánea del municipio Esperanza, en la provincia Valverde, por su presunta vinculación con el registro ilegal de defunciones realizado por Máximo Mendoza, quien guarda prisión preventiva.
Las imputadas fueron identificadas como Renata Suero Torres, Alba María Amparo Fede, Rocenny Cruz Álvarez y Eva Altagracia Cruz Rodríguez, todas médicas de profesión, así como la alcaldesa Yluminada Altagracia Uceta, quienes fuero detenidas tras la obtención de evidencias que las vinculan con los delitos de falsificación y aporte de datos falsos en el registro de defunciones.
El Ministerio Público informó que las imputadas serán sometidas a la justicia en las próximas horas y que solicitará la declaración de caso complejo ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde.
Máximo Mendoza, principal imputado del caso, cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, en la provincia Valverde, tras comprobar el Ministerio Público, mediante diversas evidencias presentadas ante el tribunal, que registró varias defunciones ante unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE).
Según el expediente acusatorio, Mendoza se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos para cometer los hechos delictivos ocurridos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, afectando tanto los sistemas de salud como los registrales.
El Ministerio Público explicó que los registros de defunción fueron completados por distintos médicos en pasantías, sin contar con exequátur que les habilitara para ejercer la profesión.
Indicó que el imputado empleaba la estrategia de solicitar los servicios a los médicos en distintos turnos, tanto en la Unidad de Atención Primaria de Mao como en la del municipio Esperanza.
Uno de los aspectos comunes del delito es que algunas de las víctimas, personas en situación de vulnerabilidad económica, realizaban préstamos personales utilizando como respaldo los beneficios sociales que recibían a través de programas estatales de asistencia. Estos beneficios consistían en un capital mensual de dos mil cien pesos (RD$2,100), destinado a cubrir necesidades básicas.
“El imputado, aprovechándose de la precariedad de estas personas, les ofrecía préstamos por montos de entre cinco mil y quince mil pesos que cobraba reteniendo las tarjetas de asistencia social. En los casos en que no podía cobrar recurría a la maniobra de presentarse ante distintas Unidades de Atención Primaria (UNAP) de los municipios Mao y Esperanza para asentar el fallecimiento de la persona fingiendo ser familiar directo de las víctimas, como primo, tío y esposo”, precisa el documento.
