Por: Leanlly Pérez- Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, fue arrestado este lunes 26 de mayo de 2025 al llegar a República Dominicana a bordo de un crucero que atracó en el puerto de Puerto Plata. Martínez, un supuesto investigador privado de origen dominicano y oriundo de Santiago de los Caballeros, ha estado envuelto en múltiples controversias judiciales tanto en su país natal como en Estados Unidos.
En los próximos días será presentado ante la justicia como el presunto cabecilla de una red de extorsión y chantaje dirigida principalmente a empresarios, políticos y figuras públicas dominicanas.
Las autoridades sostienen que utilizaba sus plataformas digitales para difundir informaciones difamatorias o infundadas con el objetivo de extorsionar a sus víctimas, exigiendo sumas de dinero a cambio de retirar dicho contenido.
Además, se le acusa de lavado de dinero mediante representantes tanto en República Dominicana como en Nueva York. Martínez ha sido demandado en repetidas ocasiones por difamación e injuria bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Entre los querellantes figuran el político Guido Gómez Mazara (2020) y el diputado Gory Moya (2021), quienes lo acusaron de vincularlos falsamente al narcotráfico a través de su canal de YouTube. En ambos casos, fue declarado en rebeldía por no comparecer ante los tribunales, razón por la cual se emitieron órdenes de arresto e impedimentos de salida del país.
En 2024, la fiscalía dominicana solicitó su extradición desde Estados Unidos y emitió una alerta roja ante la Interpol debido a su persistente incomparecencia ante la justicia.
Su historial delictivo también incluye antecedentes penales en EE.UU.; fue arrestado el 16 de agosto de 2013 en el condado de Miami-Dade por estafa en tercer grado. De acuerdo con el expediente, Martínez prometía ayuda legal a familiares de víctimas o personas encarceladas a cambio de dinero, pero luego desaparecía sin cumplir.
Ángel Martínez, quien durante años se presentó como analista político e investigador privado, es ahora señalado por las autoridades como el operador de una estructura de chantaje digital y delitos tecnológicos.
Enfrenta cargos por extorsión, estafa, lavado de activos y difamación, con procesos judiciales activos en varios países y una orden internacional de captura en curso.
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