El abogado Ángel Lockward Mella, imputado por corrupción administrativa en la Operación Calamar, «voluntariamente» devolvió a la Procuraduría General de la República RD$220 millones entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.
Así lo establece la acusación presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) el pasado mes de abril.
Lockward es acusado de formar parte de una red que, según el Ministerio Público, desfalcó al Estado y lo estafó con el fin de financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en los años 2019 y 2020.
Además, se le imputa haber buscado enriquecerse de las arcas del Estado a través de acciones delictivas.
La acusación establece que el abogado colocó bienes en el mercado financiero, producto de los actos ilícitos, a través de certificados financiero de cientos de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados S.R.L.
Según el expediente del Ministerio Público, «Lockward se asoció» con Alejandro Constanzo, Antonio Luján Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo, Álvaro Jiménez Crisóstomo, entre otros investigados, que, junto a Donald Guerrero, Claudio Silver, Belkiz Tejada y Emilio Rivas realizaron de manera fraudulenta la compra y pago de los terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, Instituto Agrario Dominicano y el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).
Explica que para la comisión de estos actos ilícitos se utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero productos de los mismos, entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel Gerge Lockward Cruz, hijos del investigado Ángel Lockward, así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados SRL y el investigado Agustín Mejía Ávila.
