Por: Leanlly Pérez- Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado urgente al Gobierno de la República Dominicana para que ponga fin de manera inmediata a las expulsiones colectivas de haitianos y deroguen el protocolo implementado recientemente, que vincula el acceso a servicios de salud con la deportación.
Esta medida, que comenzó a aplicarse el pasado lunes en 33 hospitales del país, ha provocado la detención de 87 mujeres haitianas embarazadas o en trabajo de parto en su primer día de implementación.
El protocolo establece que los pacientes deberán presentar una identificación válida, una carta de trabajo, una prueba de domicilio y cubrir el costo de los servicios médicos para poder recibir atención en los hospitales. De no ser así, los pacientes serán atendidos y luego deportados una vez que se encuentren estables.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Ana Piquer, señaló que la implementación de este sistema, que pone en riesgo el acceso a la salud de personas migrantes, no solo viola el derecho fundamental a la atención médica, sino que también deshumaniza a aquellos que no cuentan con la documentación necesaria.
Esta política podría disuadir a los migrantes de acudir a los hospitales, lo que pone en grave peligro la vida de muchas personas, ya que temen ser deportadas al intentar recibir atención médica.
Amnistía Internacional también destacó que el protocolo va en contra de las obligaciones internacionales del Estado dominicano en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones de organismos internacionales.
La organización enfatizó que estas medidas no solo violan derechos fundamentales, sino que también institucionalizan la discriminación contra migrantes, especialmente hacia los haitianos sin documentación, solicitantes de asilo, personas en situación de apatridia y dominicanos de ascendencia haitiana.
Además, AI criticó el impacto de las deportaciones masivas de migrantes, que han superado las 180,000 desde octubre de 2024, afectando mayormente a los haitianos. Estas expulsiones, que se realizan sin tener en cuenta las circunstancias individuales de las personas, constituyen prácticas de expulsión colectiva, las cuales están prohibidas por el derecho internacional.
La organización advirtió que este tipo de medidas, que afectan a miles de personas, no solo son crueles, sino que también reflejan una actitud racista y despectiva hacia los migrantes haitianos, una situación que afecta a muchos de ellos, ya que en Haití se viven graves crisis de violencia y falta de seguridad, como lo evidencia el hecho de que más de 5,600 personas murieron en 2024 a causa de la violencia.
