Amnistía Internacional (AI) instó a las autoridades de la República Dominicana a poner fin al “trato racista» hacia los descendientes de haitianos, con motivo del décimo aniversario de una controvertida sentencia que determinó que los hijos de extranjeros indocumentados no son considerados dominicanos.
La República Dominicana, país que comparte la isla La Española con Haití, “debe poner fin al racismo estructural que afecta de manera desproporcionada a decenas de miles personas con ascendencia haitiana y que han sido afectadas por la política racista y discriminatoria que históricamente ha implementado el Estado dominicano hacia esta población”, dijo AI en un comunicado.
La sentencia a la que hace referencia Amnistía Internacional fue dictada por el Tribunal Constitucional dominicano el 23 de septiembre de 2013 y tuvo un efecto retroactivo sobre aquellos nacidos después de 1929, impactando directamente a los hijos de haitianos.
«Al cumplir una década de esta sentencia absolutamente regresiva, las autoridades dominicanas apenas han tomado medidas para revertir sus efectos nocivos y reconocer los derechos de los miles de personas afectadas», manifestó el organismo internacional.
Según la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, las autoridades «no han desmantelado el sistema de racismo estructural ni la política de desnacionalización que afecta a las personas dominicanas de ascendencia haitiana».
La organziación subrayó que el país caribeño ha mantenido una política de negación del derecho a la nacionalidad de personas con ascendencia haitiana. El Estado «ha empleado un discurso estigmatizante, prácticas burocráticas, modificaciones legales, decisiones judiciales y el uso de la fuerza pública para perseguir, intimidar y expulsar» a haitianos y personas de ascendencia haitiana.
Amnistía Internacional reiteró su llamado al Estado dominicano para que restaure la nacionalidad dominicana de todas las personas nacidas en este territorio antes del 26 de enero de 2010, fecha en la que entró en vigor la nueva Constitución que niega la nacionalidad de forma automática a aquellos nacidos en la República Dominicana cuyos progenitores sean migrantes indocumentados.
