Por: Leanlly Pérez- Cerca de un millón de residentes en Nueva York, incluidos ciudadanos legales, están en alerta debido a la intensificación de los operativos de deportación llevados a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo la administración del presidente Donald Trump.
En la última semana, ICE arrestó a 2.373 migrantes en varias ciudades santuario, incluida Nueva York, y emitió 1.797 órdenes de detención adicionales.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos del gobierno para reforzar el control sobre la inmigración ilegal, generando un clima de incertidumbre en muchas comunidades.
Un informe de la organización Documented, citado por Hudson Valley Post, reveló que aproximadamente 254.180 personas que registraron una dirección en Nueva York en los últimos años recibieron órdenes de deportación por parte de los tribunales de inmigración.
Estas órdenes las hacen legalmente elegibles para ser expulsadas del país en cualquier momento. Según el Fiscal Policy Institute, Nueva York alberga a unos 4,5 millones de inmigrantes, de los cuales 1,8 millones son no ciudadanos.
De este grupo, alrededor de 670.000 son indocumentados, lo que los convierte en objetivos potenciales de las redadas de ICE.
El incremento de los operativos ha generado una gran preocupación, especialmente en las comunidades de inmigrantes, que temen la separación de sus familias y la pérdida de estabilidad.
En particular, las familias con estatus mixto, que incluyen tanto ciudadanos estadounidenses como residentes indocumentados, se sienten especialmente vulnerables ante la posibilidad de deportación.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma por los efectos de estas redadas, que pueden erosionar la confianza en las autoridades y afectar negativamente la vida cotidiana de miles de personas.
Un portavoz de una organización de defensa de los migrantes en Nueva York destacó que muchas de las personas afectadas por las órdenes de deportación llevan décadas residiendo en el país, tienen familias, empleos y han contribuido a la economía local, lo que subraya la desconexión entre su permanencia en el país y las acciones de deportación.
Las redadas se han intensificado especialmente en las llamadas «ciudades santuario», aquellas que limitan la cooperación entre sus agencias locales y el gobierno federal en la aplicación de leyes de inmigración.
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