Por: Leanlly Pérez- La Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) manifestó su total apoyo a la posición adoptada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respecto al Proyecto de Modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), recientemente aprobado por el Senado de la República Dominicana.
AIREN coincide con la AIRD en que la modificación de la ley fue realizada sin un proceso adecuado de consulta con los actores clave del sector, lo que podría comprometer la efectividad de la normativa y su correcta implementación.
La asociación subraya que la falta de un diálogo amplio y participativo en este proceso legislativo genera preocupación, ya que la colaboración de todos los sectores involucrados es crucial para alcanzar un marco normativo justo y balanceado.
En particular, AIREN expresa su preocupación por el incremento significativo de las contribuciones especiales que deberán pagar las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas.
Estos aumentos, que varían entre el 140% y el 3,750%, podrían afectar negativamente la competitividad y sostenibilidad de muchas empresas en el sector industrial y otros sectores productivos, lo que representa un riesgo para el desarrollo económico del país.
Luis José Bonilla Bojos, presidente de AIREN, destacó que la modificación de la Ley de Residuos Sólidos debe ser un proceso participativo que involucre a todos los sectores implicados, incluidos el gobierno, las empresas y las organizaciones que tienen un papel fundamental en la gestión de residuos.
En este sentido, Bonilla enfatizó que una legislación bien fundamentada debe basarse en el diálogo y la colaboración, lo que garantizaría no solo una política ambiental sostenible, sino también la viabilidad económica de las empresas afectadas.
AIREN insta a las autoridades a promover un proceso de consulta más inclusivo y transparente, que permita a todos los sectores involucrados aportar sus conocimientos y experiencias para lograr una ley que beneficie tanto al medio ambiente como a la economía nacional, asegurando el éxito y la viabilidad de la normativa.
