El presidente Luis Abinader depositó la tarde de ayer en el Congreso Nacional, a través del Senado de la República, dos proyectos de ley destinados a combatir el crimen organizado y proteger a las víctimas y testigos.
Se trata del Proyecto de Ley sobre Persecución y Judicialización de las Organizaciones Criminales, y del Proyecto de Ley de Atención, Representación Legal y Protección a Víctimas, Testigos y Sujetos en Riesgo.
En el mensaje de remisión se afirma que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y del país: el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones.
En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
Este primer proyecto, que contiene 76 artículos, fija penas de 10 a 30 años de prisión a las personas que constituyan una organización criminal para cometer delitos, como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, tráfico de drogas, tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados, comercio ilícito y contrabando, secuestro, tráfico y comercialización de órganos humanos, entre otros delitos tipificados en la pieza.
El segunda proyecto de ley tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos.
Una de las novedades de esta medida es la creación de la Dirección de Atención a Víctimas, adscrita al Ministerio Público, cuya función será «evaluar, formular y ejecutar políticas a los testigos y víctimas».
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