Juan Orlando Hernández regresará este domingo a Honduras para enfrentar de manera voluntaria un proceso judicial por presunto fraude y lavado de dinero, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la alerta roja de Interpol que pesaban en su contra, permitiéndole ingresar al país sin ser detenido de inmediato.
El expresidente hondureño, de 57 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y, en abril de ese último año, se convirtió en el primer exmandatario del país extraditado a Estados Unidos.
En 2024, una corte federal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión por tres cargos relacionados con el tráfico de armas y la conspiración para introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.
Su situación cambió en 2025, cuando recuperó la libertad tras recibir un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Posteriormente, un juez federal formalizó la anulación de la sentencia y el cierre definitivo del expediente.
Ahora, el exgobernante deberá responder ante la justicia hondureña por un caso relacionado con el presunto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral de 2013, proceso en el que también figuran el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados y empresarios.
La audiencia inicial de declaración de imputación fue fijada para el próximo 3 de agosto, fecha en la que conocerá formalmente los cargos en su contra. Su defensa solicitará que pueda enfrentar el proceso bajo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
En una entrevista concedida a EFE en Miami, Hernández afirmó que otros implicados en el expediente se presentaron voluntariamente y que la mayoría ya fue liberada de los cargos, mientras otros continúan el proceso judicial.
El regreso del exmandatario ha reactivado el debate sobre la independencia del sistema judicial hondureño.
Mientras sus allegados consideran que su retorno representa una oportunidad para demostrar su inocencia, sectores de la oposición y organizaciones anticorrupción han expresado preocupación por la posibilidad de que reciba un trato privilegiado durante el proceso.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, sostuvo que el desafío para las instituciones no es el regreso de Juan Orlando Hernández, sino garantizar que la justicia actúe sin privilegios.
En la misma línea, la excandidata presidencial Rixi Moncada pidió que las autoridades apliquen la ley con objetividad y sin concesiones.
