La regularización a motoconchistas en el Gran Santo Domingo avanza con nuevas medidas coordinadas entre el Ministerio de Interior y Policía y las alcaldías de la demarcación, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar el orden en el transporte urbano.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, encabezó una reunión de trabajo junto al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez, y representantes de las alcaldías del Gran Santo Domingo para diseñar una estrategia de seguimiento al proceso de regulación de las paradas de motoconchistas.
El encuentro dio continuidad a una reunión realizada el pasado 26 de mayo en la sede del Ministerio de Interior y Policía, donde Raful resaltó la importancia de la coordinación entre las instituciones involucradas en el proceso. Entre estas figuran el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Digesett, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Migración.

La funcionaria explicó que la iniciativa incluye la participación de los gobiernos locales, responsables de supervisar las paradas, emitir permisos de uso de suelo y registrar los espacios autorizados para operar. Como parte de la estrategia, también se acordó la confección y numeración de chalecos de identificación para los motoconchistas, diferenciados por colores según cada provincia.
Entre las medidas establecidas, las autoridades determinaron que los integrantes de las paradas deberán contar con licencia de conducir vigente y certificado de no antecedentes penales. Además, se realizará una clasificación de los espacios para establecer criterios técnicos que definan dónde podrán instalarse nuevas paradas.

Las autoridades aseguraron que la regularización a motoconchistas y la coordinación entre instituciones y ayuntamientos permitirán avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, organizado y transparente, contribuyendo a la prevención de delitos, al fortalecimiento del orden público y a la protección de la ciudadanía.


