El Plan San Juan entra en una nueva etapa luego de que el presidente Luis Abinader emitiera los decretos 236-26 y 285-26 para dar continuidad a las acciones de desarrollo económico y social en la provincia San Juan.
Las disposiciones crean la Comisión para la Coordinación y Dirección del programa y designan como director ejecutivo a Carlos Alessandry Roa Howley.
La iniciativa fue creada en 2022 con el objetivo de transformar la economía de la región, impulsar un desarrollo sostenible y aprovechar mejor sus recursos.
Con las nuevas medidas, el Gobierno establece una estructura de dirección para fortalecer la ejecución de proyectos y dar seguimiento institucional a las metas trazadas para la provincia.
La comisión estará presidida por el obispo de la Diócesis de San Juan. También la integran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrícola, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Instituto del Tabaco y la Junta Agroempresarial Dominicana.

A ese grupo se suman representantes de la Gobernación Provincial, entidades productivas y autoridades municipales.
Entre sus responsabilidades figura liderar la transformación económica regional mediante la aprobación estratégica de proyectos de infraestructura y acuerdos interinstitucionales, siempre conforme a las normas de contrataciones públicas.
Además, tendrá a su cargo coordinar obras como sistemas de riego, centros de acopio y naves de zonas francas para apoyar la actividad productiva local.
El órgano también deberá articular acciones entre los sectores público y privado para promover encadenamientos que generen empleos y fortalezcan el capital humano.
Asimismo, canalizará capital semilla y asistencia técnica para emprendimientos y pequeños productores, con el propósito de integrarlos en cooperativas y clústeres. La gestión incluirá alianzas comerciales estratégicas e informes periódicos a la Presidencia.

La Dirección Ejecutiva del Plan San Juan será responsable de coordinar la ejecución técnica de los proyectos aprobados, administrar fondos asignados y formular políticas derivadas de las decisiones de la comisión.
También deberá supervisar asistencia técnica, financiamiento, manejo poscosecha y comercialización en las fincas intervenidas, mantener registros georreferenciados y contables, además de rendir informes trimestrales sobre los avances del programa.


