La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España ha archivado la investigación iniciada por una denuncia contra el cantante Julio Iglesias, quien fue acusado de presunto acoso y agresión sexual a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas, debido a la «falta de jurisdicción» y competencia de los tribunales españoles.
El Ministerio Público emitió un decreto, divulgado este viernes, en el que determina que no se cumplen los requisitos legales necesarios para que la Justicia española pueda investigar la denuncia presentada por dos exempleadas contra el cantante, por presuntos delitos de trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores.
Según la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial de España establece, entre otros requisitos, que el acusado debe ser ciudadano español, que no exista un procedimiento abierto en el país donde supuestamente ocurrieron los hechos o en un tribunal internacional, y que haya una «conexión material con España», como que las víctimas sean españolas o residan en el país.
No obstante, el decreto aclara que, en este caso, las víctimas son extranjeras y no viven en España, «los hechos se atribuyen a países plenamente competentes», y los acusados —Julio Iglesias y otras dos personas— tampoco residen en España y poseen distintas nacionalidades (española, colombiana y brasileña).
La Fiscalía sostiene que el criterio clave es «la existencia de un vínculo relevante con España, que en este caso no se da», ya que los hechos no ocurrieron en territorio español, ni las denunciantes ni los acusados se encuentran en España.
Asimismo, señala que la jurisprudencia del Tribunal Supremo impide que España asuma la jurisdicción de un Estado «primariamente competente», salvo que se compruebe una «imposibilidad real o falta de voluntad de investigar». En este caso, esto no aplica, pues «en ningún momento se han denunciado los hechos en los países territorialmente competentes».
Los hechos denunciados involucran a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, quienes presentaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para respaldar sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, humillaciones y vejaciones laborales sistemáticas.
Las mujeres presentaron la denuncia el 5 de enero, y el 16 del mismo mes la Fiscalía les otorgó la condición de testigos protegidos, siendo representadas por la organización Women’s Link Worldwide.
La apertura de la investigación coincidió con la publicación de un reportaje de eldiario.es (España) y Univisión Noticias (EE. UU.), que recogía los testimonios de ambas denunciantes sobre supuestas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones cometidas por el cantante en 2021, cuando tenía 77 años.
Una de las trabajadoras señaló que los hechos ocurrieron en las residencias de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, y que se les obligaba a someterse a pruebas médicas como revisiones ginecológicas, tests de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
Sin embargo, Iglesias ha negado estas acusaciones, publicando un comunicado en su perfil de Instagram en el que afirma que nunca «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».
