La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió la Presidencia de manera interina, dos días después de que fuerzas estadounidenses detuvieran al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en el contexto de varios ataques registrados en Caracas y en tres estados cercanos.
Rodríguez manifestó que asistió al acto «con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo» venezolano, tras lo que calificó como «una agresión militar ilegítima», en alusión a los ataques de Estados Unidos.
Mientras tanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora de Venezuela y respaldada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, tildó de «ilegítima» a la nueva Asamblea Nacional (AN), instalada este lunes para el período legislativo 2026-2031 y controlada por una mayoría chavista.
En un comunicado, la PUD reiteró su desconocimiento de las elecciones parlamentarias celebradas el 25 de mayo de 2025, las cuales calificó de «ilegítimas» al sostener que no reunieron las condiciones mínimas requeridas para su reconocimiento.
«En dicho proceso, el régimen se adjudicó una Asamblea Nacional hecha a su medida, sin participación alguna de las fuerzas políticas de la oposición democrática», afirmó el bloque opositor.
La PUD reiteró que la salida a la crisis política en Venezuela debe conducir de forma inevitable a la plena restitución del orden constitucional, teniendo como eje fundamental el respeto a la soberanía popular consagrada en la Carta Magna.
Asimismo, defendió la necesidad de una transición que, según afirmó, debe llevarse a cabo dentro del marco constitucional, a través de un proceso ordenado de recuperación y renovación institucional que garantice la independencia de los poderes públicos y su actuación en beneficio del país.
La coalición destacó su «compromiso firme y pacífico» con la defensa del derecho de los venezolanos a vivir en democracia, con instituciones que respondan a la voluntad popular y al bienestar colectivo.
También consideró «imprescindible» la liberación de todos los presos políticos —que la ONG Foro Penal cifra en 863—, así como el fin de la persecución y de las prácticas de intimidación.
Finalmente, advirtió sobre la urgencia de asegurar el monopolio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado y de poner freno a la actuación impune de grupos armados irregulares que representan una amenaza para la seguridad ciudadana en diversas regiones del país.
