Por: Leanlly Pérez- El Primer Juzgado de la Instrucción dictó condenas contra 17 personas y dos empresas, halladas culpables de integrar una red criminal dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos, como parte de la Operación Discovery 2.0, un caso de ciberdelincuencia que afectó principalmente a adultos mayores en los Estados Unidos.
Entre los sentenciados figura Miguel Ángel Camilo Pérez, alias Camilo o Milo, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura, quien fue condenado a siete años de prisión. Otros implicados, entre ellos Freddy William Urtarte, Juan Armando Vásquez Ramírez, Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez, Kelvin Antonio Carmona Sánchez y Deuris Antonio Franco De La Cruz, recibieron cuatro años de prisión.
Asimismo, el tribunal impuso cuatro años de prisión suspendida a Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla, Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta, Yenny Carolina Corniel Henríquez, Arlin Josefina Rosa Rosario, Ramón Esterling Polanco Leclerc, Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez.
Las sentencias también alcanzaron a las empresas Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como fachadas para las operaciones ilícitas. Los imputados fueron procesados por violar la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Según el Ministerio Público, la red operaba desde call centers clandestinos, presentados como centros de servicios legítimos, desde donde se ejecutaban campañas sistemáticas de fraude mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas. Las víctimas, en su mayoría personas de la tercera edad residentes en los Estados Unidos, fueron despojadas de ahorros acumulados durante décadas.
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que la investigación reunió más de 450 elementos probatorios, lo que permitió sustentar las condenas y el decomiso de bienes, incluyendo vehículos, inmuebles, cuentas bancarias, dinero en efectivo, armas de fuego, equipos electrónicos y joyas. Entre lo incautado figuran más de RD$2 millones y USD$84,000, los cuales pasarán al Estado dominicano, junto con la disolución de las empresas implicadas.
