Un juzgado en la provincia española de Barcelona iniciará una investigación por un presunto delito ambiental relacionado con el brote de peste porcina africana detectado hace diez días en Cataluña, ante la sospecha de que la cepa pueda provenir de un laboratorio que trabaja con el virus.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) informó este martes que la Policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra), en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha enviado ya un primer informe a los juzgados de Cerdanyola del Vallès sobre el caso.
El TSJC indicó que se espera que el procedimiento sea declarado secreto una vez que se abra formalmente.
La investigación judicial se desarrolla de manera paralela a la auditoría que el Gobierno autonómico de Cataluña (Generalitat) ha encargado al laboratorio IRTA-CReSA, con el objetivo de determinar si el brote podría haberse originado en alguno de los cinco centros de investigación animal ubicados en un radio de 20 kilómetros alrededor del lugar donde se detectaron los jabalíes infectados.
Estos cinco centros, incluido el IRTA-CReSA, están bajo el foco de la investigación tras un informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE) ubicado en Valdeolmos, Madrid.
El informe señala que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que generalmente se utiliza en estudios experimentales y en pruebas de vacunas.
Este martes se celebró la primera reunión del comité de expertos encargado de definir los protocolos de actuación y determinar qué centros e instalaciones serán auditados para esclarecer el origen del brote.
El consejero catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, hizo un llamamiento a la prudencia: «Dejemos trabajar a los científicos. Cuando haya resultados los comunicaremos. Y tendrán plena autonomía para hacer lo que ellos consideren en base a su criterio científico y técnico de laboratorios de alta contención», dijo en una rueda de prensa.
Hasta el momento, el Ministerio de Agricultura ha confirmado 13 casos positivos, todos ellos en jabalíes localizados dentro de un radio de seis kilómetros alrededor del primer caso, detectado a finales de noviembre en el municipio de Cerdanyola del Vallès. No se han registrado contagios en los cerdos domésticos de las granjas cercanas.
En la denominada “zona cero” trabajan cerca de un millar de efectivos para impedir la propagación de la enfermedad. La búsqueda se realiza tanto por tierra, con la ayuda de perros, como desde el aire, mediante drones equipados con cámaras térmicas capaces de detectar jabalíes vivos o muertos que puedan estar ocultos.
Paralelamente, se mantienen cerrados todos los pasos de fauna para impedir que los jabalíes abandonen la zona delimitada.
Asimismo, la semana pasada el Gobierno regional de Cataluña acordó con los ganaderos de la zona sacrificar 30,000 cerdos sanos ubicados en granjas cercanas al foco de infección, con el fin de evitar que la enfermedad se propague a los animales de granja y garantizar la confianza en los mercados de carne española, tanto a nivel nacional como internacional.
