El presidente de la República, Luis Abinader, observó la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, con el objetivo de crear el equilibrio que garantice la libre empresa y priorice el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.
En las modificaciones se establece un plazo de 12 meses para los desmontes de plásticos de un solo uso y de foam, como lo contempla la ley, con excepción de los platos con tapas integradas en un solo cuerpo para comida, conocidos popularmente como “laptop”, y las bandejas, por no tener sustitutos que compitan económicamente, por lo que se le extendió un plazo de 24 meses.
De igual manera, se determinó un plazo de 12 meses para iniciar el cobro de fundas plásticas que no sean biodegradables en los establecimientos comerciales.
Durante ese plazo, los establecimientos deben realizar campañas de sensibilización para sustituir el uso por bolsas reusables o ecoamistosas.
Además, prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas, y cualquier otro producto que no sea biodegradable, luego de 60 días de la promulgación de la presente ley.
En una comunicación enviada al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader explicó que las observaciones se sustentaron, entre otros aspectos, en cuestiones atinentes al cuidado del medioambiente, la protección de la libre competencia, el rechazo a las prácticas monopólicas y el impulso hacia prácticas industriales sostenibles.
Entre las modificaciones sugeridas por el presidente, se destaca la reformulación de los criterios para el establecimiento de las estaciones de transferencia, los rellenos sanitarios y las plantas de valorización, de tal suerte que estas no queden limitadas por criterios regionales, sino que se habiliten siempre que se observen determinadas distancias, según cada caso.
Del mismo modo, que se modifican algunas definiciones y conceptos claves para la implementación de dicha ley.
Otra modificación destacable tiene que ver con la autonomía municipal, puesto que, a juicio del Poder Ejecutivo, se transgredía esta al restringir competencias constitucionales de las autoridades municipales en torno al uso de suelo.
Otros aspectos relevantes en las observaciones atañen al plazo mínimo de los contratos de operación entre el Fideicomiso DO Sostenible y los gestores autorizados, reduciendo el plazo mínimo de duración y de renovación, en atención a las normas nacionales e internacionales sobre competencia económica.
Ahora que el Senado ha recibido las observaciones, y conforme a lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución de la República, este órgano legislativo deberá incluirlas en el orden del día de la próxima sesión y volver a discutir la ley en una única lectura.
