La ONU acusó este viernes al Gobierno de Estados Unidos de «violar el derecho internacional» al realizar ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, presuntamente relacionados con el tráfico de drogas.
El organismo confirmó que las personas que viajaban en las embarcaciones fueron víctimas de «ejecuciones extrajudiciales» y advirtió que este tipo de acciones deben detenerse «independientemente de los presuntos delitos que se les imputen».
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó los ataques y su creciente costo humano como «inaceptables» y exigió a Estados Unidos que los detenga.
Recordó, además, que más de sesenta personas han perdido la vida en estas operaciones realizadas por las fuerzas armadas estadounidenses, según los informes disponibles.
Una portavoz del alto comisionado, Ravina Shamdasani, informó que Türk ya transmitió oficialmente la postura de su oficina al Gobierno de Estados Unidos.
Washington ha intentado justificar los bombardeos argumentando que forman parte de operaciones necesarias contra el narcotráfico y el terrorismo, señalando que sus acciones se protegerán en el derecho internacional humanitario, aplicable únicamente en contextos de conflicto armado.
No obstante, la ONU rechaza esta interpretación, al considerar que no existe un conflicto armado ni hostilidades formales que justifiquen ese marco legal.
Por ello, el organismo sostiene que deben aplicar las normas internacionales de derechos humanos y afirma que las operaciones militares estadounidenses vulneran el derecho a la vida, constituyendo ejecuciones extrajudiciales.
«Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas que se encontraban en las embarcaciones atacadas parecía representar una amenaza inminente para la vida de otras personas ni justificaba el uso de la fuerza armada letal contra ellas en virtud del derecho internacional», detalló.
La ONU exigió que los asesinatos sean investigados de manera pronta, independiente y transparente, dejando claro que esta tarea corresponde a las autoridades judiciales de Estados Unidos.
El organismo subrayó que realizar dichas investigaciones no es una opción, sino una obligación legal para el Gobierno estadounidense.
Aunque el alto comisionado Volker Türk reconoció la gravedad del problema del narcotráfico, recordó que Estados Unidos debe cumplir con el derecho internacional, incluidos los tratados antidrogas de los que es parte.
Además, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU puntualizó que la lucha contra el narcotráfico debe llevarse a cabo mediante métodos policiales legítimos , como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos, no mediante ataques militares.
