El Ministerio Público denunció que, a semanas de concluir el juicio, la defensa del mayor general Adán Cáceres Silvestre busca que su expediente sea separado del proceso principal contra los imputados que formaban parte del entramado de corrupción administrativa desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
La audiencia de este lunes, en la que se esperaba concluir la incorporación de pruebas por parte de la defensa de los imputados Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue nuevamente aplazada debido a una supuesta condición médica de Cáceres Silvestre, que resultó en una licencia médica de 45 días.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público solicitó la conformación de una junta médica a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para verificar la veracidad del período indicado en la licencia presentada, ya que esta no incluyó un historial clínico ni detalló qué procedimiento justificaba un reposo tan prolongado.
Ante esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el próximo 3 de noviembre, solicitando que la defensa aporte la documentación médica correspondiente al Ministerio Público.
Presentación de pruebas
Desde el pasado 29 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado de corrupción que defraudó al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones.
Entre las pruebas presentadas se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluyendo recursos de inteligencia del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
