Rusia advirtió este sábado a la Unión Europea (UE) que, si opta por confiscar los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania, deberá devolverlos en el futuro «con intereses».
«Los países europeos implicados en ese robo tendrán que pagar sumas mucho mayores, con intereses», afirmó Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o Cámara de Diputados, en su canal de aplicación rusa Max.
Volodin, quien señaló que estas medidas constituyen una violación del derecho internacional, rechazó la idea de que Rusia haya dado por perdido el acceso a esos fondos.
«Por esas decisiones no sólo pagarán aquellos que las tomen hoy, sino las futuras generaciones. Nadie les perdonará. Demandaremos la devolución de lo robado», precisó.
Además, sugirió que Moscú recupere el dinero confiscado mediante la apropiación de los activos de quienes tomen y respalden esas decisiones.
Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó este jueves a los líderes de la Unión Europea (UE) a que adopten con la mayor rapidez posible las medidas necesarias para destinar los fondos rusos congelados en apoyo a Ucrania.
«Cuando hablamos de los activos rusos congelados, debemos utilizarlos de una forma que haga sentir a Rusia el dolor por su propia guerra. Por eso les pido que tomen una decisión lo más pronto posible. Los activos rusos deben utilizarse enteramente para la defensa contra la agresión rusa», dijo Zelenski a los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en la capital belga.
Sin embargo, los líderes de la UE se limitaron a solicitar a la Comisión Europea que presente lo antes posible «opciones de apoyo financiero» para Ucrania.
El principal obstáculo fue la postura de Bélgica, país que alberga la mayor parte de los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados, y que exigía, para respaldar la iniciativa, que los riesgos financieros y legales se compartieran entre todos los Estados de la UE, así como que se consideraran también los activos bloqueados en otros países.
A finales de septiembre, la Comisión Europea propuso otorgar a Ucrania un «préstamo de reparación» de unos 140.000 millones de euros, financiado con los ingresos generados por los activos rusos congelados bajo sanciones, destinado a cubrir gastos de defensa y necesidades presupuestarias.
