El Gobierno del presidente Donald Trump enfrenta varias demandas de ciudadanos estadounidenses afectados por las redadas migratorias, incluyendo a un trabajador de la construcción que fue arrestado en dos ocasiones y a un anciano que fue golpeado y retenido bajo custodia mientras se recuperaba de una cirugía cardíaca.
Las demandas, que solicitan indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares al Gobierno estadounidense por presuntas violaciones de los derechos constitucionales de sus ciudadanos, se están volviendo cada vez más frecuentes.
El pasado lunes, el ciudadano estadounidense Leonardo García Venegas presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por haberlo detenido en dos ocasiones en obras de construcción, que se han convertido en uno de los principales objetivos de los agentes migratorios.
Representado por el Institute for Justice, García Venegas sostiene que las detenciones que sufrió en Alabama, estado donde reside y trabaja, fueron “irrazonables” y constituyeron una violación de la Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos contra registros y arrestos sin causa probable.
El hispano, hijo de padres mexicanos, fue detenido por primera vez en mayo, cuando agentes enmascarados irrumpieron en una obra de construcción. A pesar de afirmar que era ciudadano estadounidense, fue derribado al suelo y esposado, según muestra un video.
Incluso tras presentar su identificación REAL ID —emitida por Alabama únicamente a residentes legales—, los agentes lo mantuvieron esposado durante una hora.
En junio, volvió a ser arrestado en otra obra donde trabajaba. Aunque nuevamente mostró su identificación, los agentes no la aceptaron, lo retiraron de la construcción y lo detuvieron junto con otras personas, liberándolo, junto a otros residentes legales, veinte minutos después.
La demanda, presentada como una querella colectiva de trabajadores de la construcción, incluye 19 casos de ciudadanos y residentes legales que presuntamente fueron detenidos en circunstancias similares a las de García Venegas.
Otras demandas
El Gobierno de Trump también enfrenta una demanda de Rafie Ollah Shouhed, de 79 años y propietario de un lavadero de autos en Los Ángeles, quien asegura haber sufrido fracturas, lesiones graves y un traumatismo craneoencefálico tras ser detenido durante una redada migratoria el 9 de septiembre pasado.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad muestran a agentes enmascarados irrumpiendo en el negocio sin autorización, empujando a Shouhed al suelo en un pasillo.
A pesar de este primer incidente, el propietario salió a hablar con los agentes sobre sus empleados, pero ellos lo insultaron y lo derribaron nuevamente, presionándolo sobre el pavimento. Uno de los agentes le colocó la rodilla en el cuello mientras otro le torcía los brazos por detrás, pese a que Shouhed les advirtió que había sido sometido recientemente a una cirugía cardíaca, que tenía dificultad para respirar y necesitaba atención médica inmediata.
La demanda, que solicita una indemnización de 50 millones de dólares, señala que los agentes ignoraron sus advertencias y lo trasladaron esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció casi 12 horas sin recibir atención médica y sin poder realizar llamadas telefónicas.
En agosto pasado, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas por separado contra el DHS, argumentando que fueron detenidos de manera arbitraria durante las redadas.
Entre los demandantes se encuentra Cary López Alvarado, quien fue detenida mientras estaba embarazada y asegura que su bebé nació prematuro como consecuencia de la detención.
