Panamá aclaró que únicamente brindará capacitación gratuita a las fuerzas policiales de Haití dentro de su territorio, como parte de la misión internacional aprobada el martes por la ONU para enfrentar a las bandas armadas que mantienen al país en una ola de violencia que ha dejado más de 16,000 muertos desde 2022.
“No vamos a mandar soldados a Haití a morir, porque es lo más probable que pase. Eso está realmente suelto de toda coordinación institucional. (…) Haití, lamentablemente, en este momento es un país fallido, completo. No hay ley que asegure nada”, dijo este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.
Mulino explicó que su país cooperará con Haití “proporcionándole entrenamiento a sus fuerzas policiales en Panamá (…), en nuestras academias, podemos formarlas, podemos trabajarlas, entrenarlas (…) con el mayor gusto y sin costo alguno. Pero para Haití, yo no voy a mandar personal”.
El anuncio se da tras la aprobación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución, impulsada por Estados Unidos y Panamá, que autoriza el despliegue de la nueva Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés). Esta misión reemplazará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia el año pasado sin resultados significativos.
La GSF contará con hasta 5,500 efectivos policiales o militares, junto a 50 civiles, y tendrá un mandato inicial de 12 meses con respaldo del Gobierno haitiano.
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió un “rápido despliegue” de la fuerza y exhortó a más países a sumarse al esfuerzo internacional.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este jueves que la violencia de las bandas en Haití ha dejado más de 16,000 muertos desde 2022.
Según detalló en un debate sobre la crisis haitiana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, más de la mitad de los homicidios registrados en lo que va de 2025 ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad, lo que representa un incremento significativo respecto a 2024.
Türk alertó que las pandillas han expandido su accionar más allá de Puerto Príncipe hacia regiones como Centro y Artibonito, lo que facilita el tráfico de armas, drogas y personas, generando un riesgo de desestabilización regional.
Asimismo, denunció que los grupos armados cometen graves violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos, secuestros, extorsiones en retenes ilegales, violencia sexual contra mujeres y niñas, saqueos de camiones de alimentos y la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales.
