La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción, consistentes en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, contra seis integrantes de la red de piratería digital desmantelada en la Operación Domo.
El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja.
El Ministerio Público había solicitado que se impusiera a los imputados 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que se declarara la complejidad del proceso.
Sin embargo, la jueza Fátima Veloz dispuso garantías económicas de RD$7,000,000 para Leonardo Alberto Casci Ocumárez y Raúl Ernesto Guzmán Lora; RD$5,000,000 para Keomirys Torres López; RD$3,000,000 para Víctor Luis Torres López; RD$1,500,000 para Raúl Ernesto Guzmán Croes, y RD$3,000,000 para Leony Esmeralda Croes, además del impedimento de salida del país y la obligación de presentación periódica.
Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que la estructura delictiva se dedicaba a la distribución y al streaming ilegal de contenidos audiovisuales, ofreciendo accesos no autorizados a películas, series y programas de televisión protegidos por derechos de autor.
Estas prácticas constituyen violaciones a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ocasionando perjuicios a compañías internacionales y al Estado dominicano.
La Operación Domo se llevó a cabo el pasado 16 de septiembre y fue coordinada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la participación de la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la Fiscalía del Distrito Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC).
Además, colaboraron el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con el respaldo internacional del Departamento de Justicia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.
