Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el despliegue de efectivos militares en Chicago y otras ciudades dirigidas por la oposición demócrata han encendido las alertas entre expertos legales, quienes advierten sobre un posible «abuso de poder».
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana operativos en Chicago y Boston, y varios medios locales han informado un incremento en la presencia de agentes federales, especialmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tom Homan, principal asesor de Trump y conocido como el «zar» de la frontera, adelantó en una entrevista con CNN que el Gobierno planea desplegar a la Guardia Nacional en diversas ciudades «santuario», que protegen a la comunidad migrante, en los próximos días.
De concretarse estos planes, Chicago y Boston se sumarían a Los Ángeles y Washington D.C. como la tercera y cuarta ciudad en recibir tropas federales durante los menos de ocho meses de mandato de Trump.
El presidente también ha sugerido que otras grandes urbes, como Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland, podrían estar en la mira próximamente.
Expertos legales han señalado la posible ilegalidad de desplegar fuerzas militares en una ciudad sin el consentimiento de sus autoridades locales.
«El despliegue de tropas (…) para ocupar ciudades no puede promover plausiblemente el orden público. Es una fuerza bruta, una maniobra de poder brutal. Va en contra de la Constitución y del papel adecuado de los estados», afirmó Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York.
El Gobierno ya enfrenta una demanda por enviar tropas, incluidos marine, a California durante el punto máximo de las protestas contra su política migratoria en junio.
La semana pasada, un juez federal declaró «ilegal» ese despliegue y prohibió al Pentágono utilizar soldados para funciones que corresponden a la policía local.
En su fallo, el juez Charles Breyer acusó a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de intentar establecer «una fuerza policial nacional liderada por el presidente».
No obstante, esta decisión solo tiene efecto en California, luego de que el Tribunal Supremo limitara la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes con alcance nacional.
