La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) presentó una querella contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por la presunta violación de la Ley No. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos.
Según explicó el presidente de la organización, Julio César De la Rosa, Hernández “omitió deliberadamente” en su declaración jurada de patrimonio la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo de 2022, antes de ser designado ministro de Educación mediante el decreto No. 414-22 del Poder Ejecutivo, fechado el 3 de agosto de 2022.
De la Rosa señaló que el exministro no incluyó en su declaración su activo familiar más valioso ni su empresa familiar con fines de lucro y mayor capital invertido: Constructora Playa Morón, registrada por Hernández ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual el 31 de enero de 2022, bajo el número de registro 4754-2022.
“Esto fue 7 meses antes de ser nombrado ministro de Educación, posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D”, indicó.
Precisó que la empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarias a la esposa del exfuncionario, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta, desde el 29 de septiembre de 2022, un mes después de que Ángel Hernández asumiera el cargo de ministro de Educación.
De la Rosa aseguró que la empresa realizó la compra del terreno o inmueble identificado con el No. 414346065286, con una superficie de 7,854.74 metros cuadrados y matrícula 3000537349, ubicado en Las Terrenas, Samaná, por el cual pagó RD$31,095,000.00. A su juicio, llama la atención que, al revisar el precio referencial de terrenos en esa zona, el valor estimado de una propiedad como esa supera los US$4,000,000.00.
“Igualmente, la propiedad no registra ningún gravamen, actualmente, por lo que se presume que la compra de la propiedad fue realizada en efectivo, sin embargo, al ver la declaración de ingresos del exministro y de su esposa, los ingresos que reportan no coinciden con una compra de una propiedad de ese valor”, destacó.
Para el presidente de Adocco, la omisión de esta empresa en la declaración jurada de bienes de Hernández constituye una violación del Artículo 5 y del Artículo 8, Acápite 4, de la Ley 311-14.
Según dijo De la Rosa, Hernández estaba legalmente obligado a presentar un listado verídico de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal, lo que, a su juicio, constituye también una violación de la Ley No. 155-17, que sanciona el lavado de activos.
