El presidente Luis Abinader devolvió al Congreso Nacional la ley que crea el Ministerio de Justicia, al entender que es necesario realizar ajustes específicos en sus funciones y en el alcance de su estructura institucional.
Aunque el Senado de la República convirtió en ley el proyecto el pasado 23 de julio, el Poder Ejecutivo envió una comunicación a la Cámara Alta para objetar la normativa, la cual fue elaborada por los senadores Cristóbal Castillo (PRM) y Félix Bautista (FP).
La misiva, firmada por el presidente, propone modificar tres artículos clave: el 6, el 9 y el 22, junto con sus respectivos numerales y párrafos.
Entre los cambios más importantes, según se ha informado, Abinader sugirió reformular el artículo 6 para dejar claro que el diseño de la política criminal del Estado es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo, en conformidad con el artículo 169 de la Constitución. Sin embargo, señaló que su ejecución debe realizarse en coordinación con diversas dependencias estatales.
De igual manera, propuso redefinir las funciones del nuevo Ministerio en el artículo 9, precisando que este se encargaría de coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado, el Sistema Nacional de Derechos Humanos, el Sistema Penitenciario y Correccional y los asuntos registrales bajo su competencia, así como participar —bajo instrucciones presidenciales— en la formulación de la política criminal.
El artículo 22 también fue revisado, incorporando un nuevo texto que especifica el papel del Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad.
Según lo señalado por el presidente, este Viceministerio deberá asistir al ministro en la planificación de políticas según las directrices del presidente, sin interferir en las competencias de otras dependencias internas.
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