Por: Leanlly Pérez- El juez Rigoberto Sena impuso arresto domiciliario a los diez acusados en el caso de corrupción conocido como Operación Lobo, que involucra sobornos por más de 100 millones de pesos a través de contratos fraudulentos de seguridad privada con instituciones estatales.
Durante la audiencia, cinco de los imputados admitieron su participación en el esquema delictivo, lo que llevó al Ministerio Público a modificar su solicitud inicial de prisión preventiva por una medida más leve. Entre los confesos están el empresario Quilvio Rodríguez González, propietario de Senase, y altos oficiales del Ejército y la Policía Nacional.
Los otros cinco acusados, que no admitieron los hechos, también recibieron arresto domiciliario, pero con impedimento de salida del país. A pesar de no colaborar con la investigación, se les aplicó la misma medida que a los demás.
La Operación Lobo fue iniciada tras una denuncia de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por Milagros Ortiz Bosch, y resultó en 15 arrestos tras allanamientos en el Distrito Nacional y Santiago. El Ministerio Público, a través de la PEPCA, sostiene el expediente con más de 500 pruebas.
Este caso ha generado gran atención pública por la participación de altos mandos militares y empresarios en un esquema de corrupción que afectó entidades como Edenorte, Edesur, Edeeste, Senasa e Inaipi.
