Un juez federal en New Hampshire bloqueó a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento, una medida anunciada en su segundo día de mandato y considerada una de las más controvertidas.
«Privar de la ciudadanía estadounidense es un cambio abrupto de una política de larga data, y provoca daños irreparables», afirmó en la lectura del fallo el juez Joseph Laplante, quien declaró una pausa de siete días en su decisión para permitir al gobierno apelar su fallo, según recoge el caso tramitado como una demanda colectiva por la Unión de Libertades Civiles (ACLU).
El juez, designado por el expresidente George W. Bush, destacó que la ciudadanía estadounidense es «el mayor privilegio que existe en el mundo».
La orden ejecutiva estaba programada para entrar en vigor el 27 de julio, luego de que el Tribunal Supremo anulara órdenes similares de bloqueo emitidas por jueces estatales, quienes habían intentado impedir medidas federales.
Este fallo se consideró un precedente legal muy importante, ya que enfrentó la ola de decisiones judiciales que se oponían a las políticas del gobierno de Trump.
En su resolución sobre la moción presentada por «Barbara y otros», el juez Laplante indicó que los demandantes «pueden sufrir un daño irreparable si no se otorga la orden (de bloqueo)».
Anteriormente, este mismo juez se había pronunciado contra la misma orden ejecutiva en febrero, aunque en esa ocasión su fallo se limitó a ciertos grupos específicos y no a una suspensión general. En ese momento, argumentó que la orden violaba la 14ª enmienda de la Constitución.
En su interpretación actual, el juez hace referencia a «los niños existentes y los futuros» afectados por la orden ejecutiva, pero no incluye explícitamente a sus padres, como habían solicitado los demandantes.
La principal demandante, identificada solo como Barbara, es una ciudadana hondureña que está en proceso de solicitar asilo y espera un hijo para octubre, que nacerá en territorio estadounidense.
La demanda subraya que la nacionalidad por nacimiento es un «tesoro» protegido por la 14ª enmienda y por una extensa tradición jurisprudencial.
