El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ordenó este miércoles a la Universidad de Harvard entregar documentos relacionados con sus estudiantes extranjeros, tras alegar que la institución se ha negado a proporcionarlos de forma voluntaria.
En un nuevo episodio del conflicto entre el Gobierno de Donald Trump y las universidades, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), adscrito al DHS, solicitó a Harvard la entrega de documentos considerados «relevantes» para hacer cumplir las leyes migratorias a partir del 1 de enero de 2020, según indicó un comunicado.
«Harvard, como otras universidades, ha permitido que los estudiantes extranjeros abusen sus privilegios de visados y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus», afirmó la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, quien sostuvo que la universidad ha «rechazado cooperar» en peticiones previas.
Harvard figura entre las universidades cuya financiación ha sido puesta en riesgo debido a informes del «Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo’», creado por Trump, en los que se le acusa de implementar políticas de acción afirmativa y de no promover lo que el Gobierno considera una «diversidad de ideas».
El diario universitario Harvard Crimson informó este miércoles que la universidad ya había entregado documentación sobre sus estudiantes extranjeros durante los meses de abril y mayo, pero el Gobierno consideró que la información era insuficiente, lo que llevó a la imposición de sanciones como la prohibición de sus programas de intercambio y el veto a estudiantes y académicos internacionales.
En respuesta, Harvard presentó una demanda en junio ante un tribunal para impugnar estas restricciones impuestas por el Gobierno de Trump. Ese mismo mes, una jueza federal suspendió indefinidamente la aplicación de las medidas mientras se resuelve el litigio.
Un portavoz de la universidad reiteró su compromiso con el cumplimiento de la ley, pero calificó los requerimientos del DHS como «injustificados» y como actos de represalia por defender la autonomía institucional frente a lo que considera «extralimitaciones» del Gobierno en cuanto a quién pueden admitir y contratar las universidades privadas, y sobre los contenidos que pueden impartir.
Además, en abril, Harvard presentó otra demanda para recuperar aproximadamente 2,000 millones de dólares en fondos federales congelados tras ser acusada de presuntas prácticas antisemitas.
Por su parte, el DHS declaró en su comunicado que el requerimiento administrativo fue la «única opción» disponible para obtener la información solicitada, y advirtió a otras instituciones académicas sobre las consecuencias de seguir el ejemplo de Harvard.
