Por: Leanlly Pérez- La administración del presidente Donald Trump presentó una demanda federal contra jueces del Tribunal de Distrito de Maryland, acusándolos de obstaculizar sus políticas migratorias al emitir una orden judicial que impide la expulsión inmediata de inmigrantes detenidos que solicitan una audiencia judicial.
La medida legal, presentada en Baltimore, apunta directamente al presidente de la corte, George L. Russell III, y a otros magistrados del tribunal.
La controversia surge a raíz de una orden firmada por el juez Russell en mayo, que estipula que el gobierno no puede deportar a ningún inmigrante que haya solicitado revisión judicial —mediante hábeas corpus— hasta al menos las 4:00 p. m. del segundo día hábil tras presentarse dicha petición. Esta orden busca garantizar el debido proceso legal, el acceso a abogados y la posible jurisdicción del tribunal.
Sin embargo, el gobierno de Trump sostiene que esta suspensión automática de deportaciones interfiere con la autoridad del Poder Ejecutivo para hacer cumplir las leyes de inmigración y contradice precedentes establecidos por la Corte Suprema.
En su demanda, el Departamento de Justicia acusa al tribunal de conceder suspensiones sin tener en cuenta la urgencia del caso, la jurisdicción o incluso la validez de los reclamos.
La demanda también refleja el creciente enfrentamiento entre el gobierno de Trump y el poder judicial, especialmente en lo referente a su política migratoria.
Casos recientes muestran cómo la Casa Blanca fue acusada de ignorar órdenes judiciales, como en el caso de la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, o de realizar vuelos no autorizados, como uno que involucró a Sudán del Sur.
Además, funcionarios del gobierno habrían sugerido ignorar futuras órdenes judiciales en casos relacionados con migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas, según declaraciones de un exabogado del Departamento de Justicia.
La secretaria de Justicia, Pam Bondi, defendió la demanda y afirmó que las acciones del poder judicial están diseñadas para «detener la agenda del presidente» y que esto «socava el proceso democrático». Según ella, el pueblo eligió a Trump para ejecutar su política migratoria, y las acciones judiciales se han convertido en un obstáculo sistemático.
