La Dirección General de Persecución del Ministerio Público inició la presentación de testigos en el caso contra la red criminal que, tras recibir sobornos de particulares, alteró y eliminó antecedentes penales de la base de datos de la Procuraduría General de la República.
Según informó el procurador fiscal Eduardo Velázquez, ante los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fueron presentados tres peritos, quienes validaron mediante sus informes periciales la existencia de dichas alteraciones y confirmaron la comisión de los hechos atribuidos a los acusados.
Entre los peritos, declaró Armando José Díaz Díaz, ingeniero electrónico en comunicaciones y exencargado de Ciberseguridad de la Procuraduría, quien presentó ocho informes periciales que certificaron las modificaciones ilícitas en los registros de la base de datos, una acción ilegal que permitió desvincular a múltiples personas de procesos penales asociados a sus antecedentes.
El tribunal programó las próximas audiencias para el 24 de junio, a las 12:00 del mediodía, y para los días 25 y 26 de junio, a las 9:00 de la mañana, respectivamente.
Acusados se defienden
Durante la audiencia, varios acusados hicieron uso de su derecho a la defensa material positiva, confirmando en parte su participación y revelando detalles sobre el funcionamiento de la red criminal.
El acusado Luis Alfredo Astacio Polanco admitió haber referido alrededor de 50 personas para que se les borraran antecedentes penales, señalando como responsable al entonces encargado de la base de datos, Alfredo Mirambeaux Villalona, quien realizaba la depuración y fijaba el monto a cobrar.
Astacio Polanco dijo que recibía entre dos mil y tres mil pesos por actuar como intermediario.
Mientras que el imputado Mártires Rosario Reyes, quien laboró como soporte técnico por 14 años, admitió haber recibido entre 15,000 y 20,000 pesos, y en ocasiones hasta 40,000 pesos, para gestionar el retiro de fichas penales.
Rosario Reyes detalló que remitía las cédulas de los interesados a Mirambeaux Villalona para actualizar la información ilícitamente.
Asimismo, indicó que Rubén Darío Monbán Santana le enviaba números de cédula a través de la aplicación WhatsApp para el mismo propósito, pagándole sumas de entre 8,000 y 15,000 pesos por cada alteración.
Por su parte, Monbán Santana también presentó su defensa, mientras que su esposa, Laudelina Esther Reyes Silva, afirmó que sus cuentas bancarias fueron utilizadas para recibir pagos vinculados al esquema sin que ella tuviera conocimiento previo.
En tanto, Dilcia Argentina Núñez Santos se abstuvo de declarar en esta ocasión, y Jancely Estala Arias López alegó que los movimientos de transferencias en sus cuentas estaban relacionados con asuntos de índole personal.
Finalmente, se informó que Mirambeaux Villalona presentará una defensa negativa en la continuación del juicio, mientras que Luis Peña Cedeño adelantó que ejercerá su derecho a la defensa material más adelante.
