La Junta Central Electoral (JCE) saludó este jueves la condena a penas de 6 y 3 años de prisión impuestas a cuatro miembros de una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, incluyendo cédulas de identidad, en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Barahona.
La red fue desmantelada tras una investigación iniciada en enero del pasado año por el Ministerio Público adscrito a la JCE, encargado de los delitos contra la identidad, en coordinación con la Dirección de Seguridad de la JCE y la Dirección de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional.
La pesquisa se originó a raíz del arresto de varios ciudadanos extranjeros que portaban documentos falsos obtenidos mediante el pago de sumas de dinero.
La condena fue dictada por la jueza Fátima Cruz Estrella, del Departamento Judicial de Barahona, al acoger un procedimiento penal abreviado solicitado por el Ministerio Público con el objetivo de dar celeridad al proceso.
El Ministerio Público representado por los magistrados Wellington Matos y Esther González Peguero, y la Consultoría Jurídica de la JCE establecieron que el grupo delictivo se dedicaba a la comisión de crímenes y delitos de falsedad de documentación pública y privada en asociación de malhechores y, además, de lavado de activos.
Divisay Altagracia Amparo Peña y José Alfredo de los Santos fueron condenados cada uno a seis años de prisión, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Mujeres y en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Barahona, respectivamente, con suspensión condicional de los últimos cinco años.
Por su parte, Yonel Raphael fue condenado a tres años de prisión, que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años.
Igualmente, fue condenado el empleado de la Junta Central Electoral Andys Hernández Rivera a tres años que deberá cumplir en el CPL de Barahona, con suspensión condicional de los últimos dos años y dos meses, así como al pago de una multa de 20 salarios mínimos.
Documentos que falsificaban
Según las autoridades, los condenados se dedicaban a la falsificación de documentos de identidad, incluyendo cédulas, actas de nacimientos, pasaportes, licencias de conducir y de porte y tenencia de armas de fuego, así como carnets de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), del Ejército de la República Dominicana (ERD), títulos de Educación y de la Universidad del Caribe (Unicaribe).
Además, falsificaban visados de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Bahamas, Chile, Curazao, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Brasil, Haití, Canadá, Países Bajos (Holanda), Honduras, entre otras naciones de la región, otorgándoles a los nacionales haitianos y dominicanos identidades falsas por montos que oscilaban entre RD$70 mil y RD$100 mil.
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