Por: Leanlly Pérez- La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (mandataria entre 2007 y 2015) solicitó cumplir en su domicilio la condena de seis años de prisión que le fue impuesta en 2022 por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
La condena fue confirmada esta semana por la Corte Suprema de Justicia, lo que la deja firme e inmediata para su ejecución.
La solicitud formal fue presentada por su abogado, Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, el mismo que la condenó inicialmente.
En el documento, se pide que la exmandataria, de 72 años, pueda cumplir la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, teniendo en cuenta su edad, su condición de expresidenta y las circunstancias especiales de su seguridad, tras haber sufrido un intento de asesinato en 2022.
El domicilio propuesto es su actual residencia en el barrio de Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con la legislación penal argentina, los condenados mayores de 70 años pueden acceder al beneficio de prisión domiciliaria, siempre que cumplan ciertos requisitos y que el tribunal correspondiente lo autorice.
Por eso, además de evaluar la solicitud de Cristina, el tribunal también requirió al Ministerio de Seguridad que, en un plazo de 24 horas, designe una unidad de detención federal adecuada, por si se decide rechazar el pedido de arresto domiciliario.
En paralelo, el tribunal notificó a la Cámara Nacional Electoral sobre la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que también pesa sobre Fernández, ya que esa parte de la condena también quedó firme tras el fallo de la Corte Suprema.
Esta medida anula cualquier posibilidad legal de que la exmandataria se postule a cargos políticos, como había anunciado recientemente, al expresar su intención de presentarse como candidata a legisladora provincial en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
Tras conocerse el fallo de la Corte, Cristina Fernández declaró que la Justicia busca limitar el voto popular y evitar que exista una alternativa política al actual gobierno del presidente Javier Milei.
Señaló que la decisión judicial tiene una motivación política y advirtió que su condena no solo la afecta a ella, sino también al sistema democrático argentino.
