Por: Leanlly Pérez- La organización cívica Participación Ciudadana expresó su preocupación ante varias disposiciones del Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, actualmente en debate en el Senado de la República Dominicana.
Durante una reunión con la comisión especial de senadores que estudia la propuesta, advirtieron que ciertos artículos del proyecto podrían comprometer la transparencia de los procesos judiciales, el derecho a la información y la libertad de prensa.
Uno de los puntos más críticos señalados fue el artículo 59, el cual permitiría a los tribunales ordenar la eliminación de datos considerados «difamatorios o injuriosos» en el marco de un proceso judicial.
Según Participación Ciudadana, esta disposición podría interferir con el debido proceso penal, donde es común que fiscales y abogados expongan datos sensibles en sus argumentos.
La eliminación de este tipo de información podría dificultar la comprensión pública y la documentación de casos judiciales, especialmente en aquellos relacionados con corrupción administrativa.
También mostraron inquietud por el artículo 23, referente al «derecho al olvido», que habilita la desindexación de información personal en motores de búsqueda cuando esta cause un daño significativo a la vida privada.
Aunque el artículo excluye a funcionarios y figuras públicas, la organización considera que debería especificarse que los procesos judiciales no pueden ser objeto de desindexación, debido a su naturaleza pública y su impacto en el interés colectivo.
Adicionalmente, cuestionaron el artículo 9, que otorga a los medios de comunicación el derecho a conservar archivos informativos «veraces».
Participación Ciudadana advirtió que la ambigüedad del término “veraz” podría dar pie a interpretaciones peligrosas que permitan a ciertos sectores presionar a los medios para que eliminen contenidos legítimos, afectando la libertad periodística.
Por último, la organización criticó que el proyecto contemple un período de solo dos años para los miembros del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), ya que esto comprometería la estabilidad y autonomía del órgano regulador. Propusieron ampliar ese mandato a cuatro años.
