El Instituto Duartiano instó este martes a que el “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana”, entre el presidente Luis Abinader y los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, se desarrolle sin que se contemplen medidas regulatorias ni la expedición de documentos a extranjeros fuera del marco constitucional y legal del país.
Wilson Gómez Ramírez, presidente de la entidad patriótica, advirtió que todo documento relacionado con la identidad de una persona debe ser emitido exclusivamente por la autoridad nacional de su país de origen, y que cualquier acción contraria, donde se desconozca el derecho de un Estado extranjero de dotar a sus súbditos de documento de identidad, constituiría un atentado directo contra la soberanía del mismo.
Gómez Ramírez recordó que el principio de no intervención consagrado en el artículo 3 de la Constitución constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.
“El pueblo dominicano aspira un pacto inequívocamente protector del supremo interés de nuestra nación y este Instituto llama la atención sobre el papel del sector empresarial para que los contratos de trabajo en las áreas como agricultura, construcción y turismo se apeguen al principio de legalidad y empleen mano de obra extranjera que cumpla con nuestras leyes”, afirmó.
El presidente del Instituto Duartiano recomendó mejorar los salarios y las condiciones laborales para que los dominicanos puedan integrarse a esos sectores, así como hacer esfuerzos para avanzar, en la medida de lo posible, hacia la mecanización de la producción.
En relación a la frontera con Haití, expresó la esperanza de que el encuentro aborde con total sinceridad y responsabilidad la grave situación que afecta a esa zona, particularmente las redes y estructuras de corrupción que operan allí, y enfatizó que dicha franja territorial cuenta con un régimen constitucional definido en el artículo 10 de la Carta Magna, el cual no se está aplicando debidamente.
A pesar de los avances recientes, consideró que todavía no se han establecido los controles estrictos necesarios para alcanzar una auténtica política de tolerancia cero frente al tráfico ilegal de personas, mercancías y sustancias controladas.
En ese sentido, reclamó una actuación firme del Ministerio Público y una postura de absoluta rectitud de los tribunales dominicanos al momento de aplicar las leyes.
El presidente del Instituto Duartiano recomendó mejorar los salarios y las condiciones laborales para que los dominicanos puedan integrarse a esos sectores, así como hacer esfuerzos para avanzar, en la medida de lo posible, hacia la mecanización de la producción.
