Faride Raful lleva a la justicia a Ingrid Jorge y Ángel Martínez

Las querellas se fundamentan en acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en la divulgación de informaciones falsas que, según la ministra, atentan contra su dignidad, reputación y privacidad.

En sus declaraciones, Raful ha señalado que los comentarios y acusaciones hechas por Jorge y Martínez carecen totalmente de veracidad y tienen la aparente intención de perjudicar su imagen personal y profesional, vinculándola injustamente con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.

Según el equipo legal de la funcionaria, estas declaraciones públicas constituyen no solo una violación a su derecho al honor y la intimidad, sino también un ejemplo alarmante del uso irresponsable de plataformas digitales y redes sociales para difundir desinformación sin pruebas.

Por ello, la querella penal no solo busca esclarecer los hechos y limpiar el nombre de la ministra, sino también castigar a quienes resulten responsables conforme a la ley.

Faride Raful ha sido enfática en afirmar que no permitirá que ataques malintencionados empañen su trayectoria como servidora pública. Recalcó que continuará ejerciendo sus funciones con transparencia, respeto a la legalidad y firmeza frente a cualquier intento de difamación.

Este caso ha generado debate en la opinión pública sobre los límites de la libertad de expresión, el respeto al honor de las figuras públicas, y el papel de los medios digitales en la difusión de información.

La Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología deberá ahora iniciar una investigación para determinar si las acusaciones de la ministra son procedentes, lo que podría sentar un precedente legal importante en materia de protección de derechos fundamentales frente a ataques mediáticos.