La Dirección General de Migración (DGM) informó que ha dispuesto el sometimiento a la justicia de un ciudadano chino, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte del Distrito Nacional, por obstrucción a la labor de interdicción migratoria y agresión a miembros de las autoridades actuantes.
Según la DGM, durante un operativo conjunto con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos, entre hombres y mujeres, que se encontraban trabajando en condición migratoria irregular.
La institución indicó que la intervención se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Migración No. 285-04, que faculta a la DGM a realizar inspecciones en centros laborales para verificar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, con el objetivo de prevenir irregularidades y proteger el cumplimiento del marco legal vigente.
Migración explicó que el propietario del establecimiento, «reincidente en prácticas de ocultamiento de personas indocumentadas, se opuso de manera violenta a la labor de los agentes, incitando a sus empleados a la agresión y profiriendo expresiones ofensivas contra las autoridades», lo que dejo a varios agentes lesionados.
Detalló que, ante la agresividad del entorno, los agentes actuantes se vieron en la obligación de aplicar técnicas de control y uso racional de la fuerza, a fin de preservar el orden y la integridad física de los presentes.
«No obstante, debido a la intensidad de las agresiones, no fue posible la detención inmediata del propietario, optando las autoridades por retirarse momentáneamente para evitar una escalada de violencia con consecuencias mayores», señaló.
La DGM reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la aplicación estricta de la normativa migratoria, al tiempo que exhortó a los empleadores a respetar las disposiciones legales en materia de contratación de mano de obra extranjera.
«La presencia de personas en situación migratoria irregular no solo constituye una falta al marco normativo, sino que también propicia escenarios de vulnerabilidad laboral y evasión de responsabilidades legales y fiscales», puntualizó.
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