Una jueza del Distrito Sur de Florida decidió posponer hasta marzo de 2026 el juicio contra cinco acusados por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021, debido a la extensa cantidad de pruebas por analizar y las complicaciones para obtener los testimonios de los mercenarios implicados.
Según documentos judiciales, el 19 de mayo el tribunal aprobó una solicitud presentada por la defensa de Arcangel Pretel Ortiz para aplazar el juicio al 9 de marzo de 2026, argumentando que hasta el momento solo han podido revisar cerca del 25% de las pruebas presentadas por la fiscalía.
«Para mostrarle a la Corte un ejemplo granular del volumen del descubrimiento, solo una carpeta en ‘Production 17’ tiene docenas de horas de grabaciones de audio o video de individuos que probablemente serán testigos en el juicio», argumentó la defensa.
La solicitud de aplazar el juicio fue respaldada también por los acusados James Solages, Antonio Intriago y Walter Veintemilla, aunque Christian Sanon, pastor haitiano-estadounidense, expresó su desacuerdo.
El proceso judicial que se lleva a cabo en Miami es uno de los más esperados en relación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien fue torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 colombianos.
De acuerdo con documentos, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida fue el principal centro de planificación y financiamiento de la conspiración para derrocar al presidente Moïse y sustituirlo por una figura alineada con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
Más de 50 personas han sido imputadas en este caso, incluyendo a la viuda del mandatario, Martine Moïse, así como a 17 ciudadanos colombianos, la mayoría exmilitares, quienes aseguran haber sido contratados para brindar servicios de seguridad privada, sin conocer los verdaderos fines del operativo.
En este contexto, el juicio en Miami también ha sufrido retrasos debido a las dificultades de la defensa para recolectar declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití, donde la violencia de las bandas armadas y la inestabilidad política complican el proceso.
Ante esta situación, la jueza Jacqueline Becerra autorizó que dichos testimonios se obtengan de manera virtual.
«Aunque las dificultades de viajar a Haití para recolectar estos testimonios no deben subestimarse, no parece que haya razón por la que estas declaraciones no puedan ocurrir por videollamada», señala en un fallo el 22 de mayo.
