La Dirección General de Migración (DGM) aseguró que sus actuaciones están orientadas por el respeto a los Derechos Humanos, conducta que se exige al personal que ejerce en los operativos de interdicción que se realizan para contener la presencia de extranjeros ilegales, en cumplimiento de la Ley 285-04 sobre Migración y su reglamento de aplicación, 631-11.
“Nuestras acciones se realizan con estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas intervenidas, garantizando trato digno, condiciones adecuadas de seguridad e higiene y la garantía del debido proceso, conforme a las normativas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”, afirmó la DGM.
A través de un comunicado, la institución explicó que, como parte del fortalecimiento de su sistema de gestión, somete sus procesos a programas de mejora continua y evalúa regularmente su desempeño para generar cambios positivos, eliminar ineficiencias y cumplir los objetivos de calidad del plan estratégico institucional y de la Presidencia de la República.
La DGM indicó, además, que en caso de denuncias sobre actuaciones cuestionables, estas son investigadas y, de comprobarse su veracidad, los responsables son sancionados conforme a la gravedad de la infracción.
En ese sentido, informó que, por diversas transgresiones a las normas que rigen la institución, en lo que va de 2025 más de un centenar de colaboradores han sido sancionados o desvinculados.
Deportaciones
En lo que va de año, la Dirección General de Migración (DGM) ha deportado a más de 145 mil extranjeros, en su mayoría haitianos indocumentados, mediante operativos de interdicción realizados en todo el territorio nacional.
La institución señaló que estas acciones se fundamentan en estrategias de inteligencia para identificar y aprehender a personas en condición migratoria irregular, con el objetivo de hacer cumplir las normas que regulan el control migratorio en el país.
Asimismo, precisó que continuará con los operativos de localización, detención y repatriación de personas en situación migratoria irregular, en cumplimiento de la Ley 285-04, procurando siempre que estos procesos se desarrollen con estricto apego a los principios de justicia, equidad y respeto a los derechos de todos.
