Por: Leanlly Pérez- Una jueza federal en Boston, Massachusetts, emitió una orden que bloquea temporalmente la decisión del gobierno del expresidente Donald Trump de revocar el permiso que permite a la Universidad de Harvard matricular estudiantes extranjeros.
Esta medida surge en respuesta a una moción de emergencia presentada por la propia universidad, que advirtió sobre el impacto inmediato y potencialmente irreparable que tendría la cancelación de su autorización para admitir alumnos internacionales, quienes representan aproximadamente una cuarta parte de su comunidad estudiantil.
La jueza Allison D. Burroughs consideró que Harvard presentó evidencia suficiente para justificar la necesidad de frenar temporalmente la medida hasta que se celebre una audiencia formal, programada para el 27 de mayo a las 9:30 a.m., donde ambas partes deberán presentar sus argumentos. La orden de restricción entró en vigor de inmediato y permanecerá vigente al menos hasta dicha fecha.
El conflicto comenzó cuando el Departamento de Seguridad Nacional, a través de una carta firmada por la secretaria Kristi Noem, informó a Harvard de la revocación de su participación en el Programa para Estudiantes y Visitantes Extranjeros.
Esta decisión implica no solo impedir nuevas matriculaciones, sino también obligar a los estudiantes internacionales actualmente inscritos a trasladarse a otras instituciones académicas, bajo amenaza de perder su estatus migratorio legal en EE. UU.
Harvard respondió con una demanda en la que calificó la revocación como una amenaza directa a su misión académica y a la estabilidad de múltiples programas universitarios, laboratorios de investigación, clínicas y cursos que dependen del talento internacional.
La universidad sostuvo que esta decisión afecta negativamente su capacidad de cumplir con compromisos académicos y científicos tanto a nivel nacional como internacional.
Este nuevo enfrentamiento legal se suma a otra batalla judicial entre Harvard y la administración Trump, relacionada con la suspensión de 2,600 millones de dólares en fondos federales por presuntas prácticas antisemitas. Según el Gobierno, la universidad ha violado principios de “diversidad de ideas” y favorecido políticas de “discriminación positiva”.
