La Universidad de Harvard intensificó su enfrentamiento legal con la administración de Donald Trump al presentar este viernes una demanda ante un tribunal federal, en respuesta a la decisión del Gobierno de retirarle la autorización para matricular estudiantes internacionales.
En la demanda, la prestigiosa y antigua institución académica sostiene que la medida tomada el jueves, que la excluye del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio del Departamento de Seguridad Nacional, constituye una violación de la ley.
«Es el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio por parte de Harvard de su derecho, amparado en la Primera Enmienda, a rechazar las exigencias del Gobierno de controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la ‘ideología’ de sus profesores y estudiantes», señala el documento.
Harvard ha solicitado a un juez que suspenda de manera inmediata la orden emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció ayer que Harvard ya no está autorizada para matricular estudiantes extranjeros, y que los actuales deberán transferirse a otras instituciones o perder su estatus migratorio.
La secretaria Noem instruyó la revocación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) de la universidad, argumentando que Harvard se negó a entregar los registros de conducta de sus estudiantes internacionales, solicitados por el Departamento el mes anterior.
Esta medida podría impactar gravemente a más de una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard, compuesto en gran parte por alumnos internacionales, quienes ahora enfrentan incertidumbre y preocupación.
Académicos han advertido que la posible salida masiva de estos estudiantes pondría en riesgo la calidad académica de la universidad, que ya se encuentra en una disputa con el gobierno por la defensa de su independencia ideológica.
