Varias agencias de las Naciones Unidas solicitaron al gobierno de Perú la derogación de la nueva ley que permite imputar penalmente a adolescentes de 16 y 17 años por delitos como sicariato, extorsión y homicidio calificado, recientemente promulgada por el Ejecutivo.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina contra las Drogas y el Delito (Unodc) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) manifestaron su oposición a la Ley 32330, que disminuye la edad de responsabilidad penal a 16 años en Perú, según indicaron en un comunicado oficial.
«Instamos a los poderes del Estado a considerar la derogación de la ley recientemente promulgada y a dotar de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil como vía afectiva para abordar los hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana y garantizar la prevención y reinserción social de los adolescentes que cometen delitos», expresaron.
Señalaron que esta norma contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, al cual Perú está suscrito y, por ende, tiene la obligación de cumplir.
«Estadísticas oficiales demuestran que el 98 % de los casos de criminalidad registrados son cometidos por adultos. Por tanto, la medida adoptada no será significativa en la reducción de la inseguridad y criminalidad que afecta al país», indicaron.
También advirtieron que la nueva normativa aumenta el riesgo de que los adolescentes cumplan condenas junto a adultos, lo que podría, en lugar de favorecer su reintegración social, exponerlos a influencias negativas que los empujen a persistir en conductas delictivas.
«Compartimos la preocupación por el deterioro de la seguridad ciudadana y nos solidarizamos con la sociedad peruana en su conjunto y en especial con las familias afectadas por la violencia», concluyeron.
El Gobierno de Perú promulgó el pasado sábado una nueva ley, que también ha sido rechazada por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La ley, previamente aprobada por el Congreso, introduce cambios en el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, estableciendo que los adolescentes de 16 y 17 años serán penalmente responsables si cometen delitos graves como asesinato, extorsión y violación sexual, entre otros.
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