Por: Leanlly Pérez- El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que ha generado un gran impacto en el accionar de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), al establecer que esta entidad no tiene la facultad de retener vehículos sin que exista una orden judicial previa o un proceso penal en curso.
Esta decisión llega luego de una serie de denuncias de ciudadanos que habían sufrido la retención de sus vehículos por parte de agentes de tránsito, incluso en situaciones que no involucraban la comisión de delitos graves ni faltas de gran relevancia.
El alto tribunal señala que esta práctica de retener vehículos sin un respaldo legal adecuado constituye una violación al derecho fundamental de propiedad de los ciudadanos, ya que ningún organismo del Estado puede actuar fuera de los límites establecidos por la Constitución, mucho menos afectar los bienes de los ciudadanos sin seguir el debido proceso legal.
De acuerdo con la sentencia, la retención arbitraria de vehículos por parte de los agentes de tránsito se considera un abuso de poder y una medida desproporcionada, que debe ser corregida.
En su fallo, el Tribunal Constitucional establece un precedente claro y contundente: solo un juez puede autorizar la incautación o retención de un vehículo, salvo en casos muy específicos en los que la ley lo permita expresamente y exista una causa penal justificada.
Esto implica que las autoridades de tránsito deberán actuar dentro de los marcos legales y constitucionales establecidos, y no podrán seguir realizando retenciones de vehículos sin las debidas garantías legales.
El pronunciamiento del Tribunal también ofrece una vía para los ciudadanos que hayan sido víctimas de retenciones indebidas. Ahora podrán recurrir al recurso de amparo, un mecanismo legal que les permitirá recuperar sus vehículos cuando hayan sido retenidos sin justificación adecuada.
De esta manera, el fallo refuerza el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos y establece que cualquier acción de las autoridades debe estar basada en el marco constitucional y legal.
