El Contralor General de la República, Catalino Correa, fue demandado por un grupo de ciudadanos por “inactividad administrativa y omisión” debido a el uso de un “borrador de informe”.
Este fue emitido por varios auditores y usado por la Procuraduría Administrativa de Persecución de la Corrupción (PEPCA).
Con el fin de iniciar acciones judiciales en perjuicio de los demandantes.
El acta de demanda contra el Contralor General, en su calidad de jefe de los auditores que emitieron el “borrador de informe”, fue depositada ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Se exige del funcionario el pago de RD$527 millones por daños y perjuicios.
Sin embargo, a los tres auditores que emitieron el “borrador de informe”, Gersy Mateo, César Thomas y Juan Flaquer, fueron sometidos patrimonialmente.
Ademas, se le solicitó un embargo de sus cuentas, por más de RD$91 millones.
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