Por: Leanlly Pérez- Legisladores republicanos estatales en más de 20 estados de Estados Unidos han intensificado su lucha contra las políticas de santuario, aquellas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración, presentando nuevas medidas legislativas que amenazan con sancionar severamente a los funcionarios locales que no cumplan con las leyes de inmigración federales.
Estas iniciativas incluyen la imposición de demandas, multas e incluso penas de cárcel contra los funcionarios de los gobiernos locales que implementen o defiendan políticas que proporcionen refugio o protejan a inmigrantes indocumentados.
Este movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio, impulsado por la administración de Donald Trump, para restringir la inmigración ilegal, y se ha acelerado en el contexto de una mayor presión a nivel federal y estatal sobre los gobiernos locales que adoptan políticas menos estrictas en cuanto a la cooperación con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Los legisladores republicanos de estados como Georgia han presentado propuestas que permitirían a los ciudadanos demandar a los gobiernos locales, funcionarios y empleados si se violan las leyes federales de inmigración, lo que otorga «dientes» a las leyes y pone a los funcionarios locales en una posición vulnerable ante demandas.
El estado de Georgia, por ejemplo, ha aprobado recientemente una ley que exige que las fuerzas del orden locales cooperen con las autoridades federales para identificar y detener a inmigrantes indocumentados, bajo la amenaza de perder financiamiento estatal o enfrentar cargos menores si no cumplen.
Además, la legislación recientemente aprobada en el Senado estatal de Georgia refuerza esta disposición al permitir demandas civiles contra cualquier persona que implemente políticas de santuario.
Esta legislación ha generado controversia, ya que los opositores argumentan que podría generar temor entre las comunidades de inmigrantes y forzar a los agentes locales a detener a personas más allá de lo que marca la ley federal, por miedo a ser demandados.
