Por: Leanlly Pérez- Donald Trump anunció la revocación de un amparo que protegía a más de 600.000 venezolanos de la deportación y presentó un plan para enviar migrantes en situación irregular a la base militar de Guantánamo.
Según el presidente, las instalaciones serán preparadas para albergar hasta 30.000 migrantes, justificando la medida con el argumento de que algunos son «criminales peligrosos» y que la base es un lugar «difícil de escapar».
La decisión ha generado reacciones internacionales, especialmente desde Cuba, cuyo presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida como un «acto de brutalidad», mientras que el canciller Bruno Rodríguez denunció el plan como una violación del Derecho Internacional.
Guantánamo ha sido históricamente utilizada para retener sospechosos de terrorismo, pero también ha servido como centro de detención para migrantes interceptados en el mar.
Trump también firmó una nueva ley que endurece las políticas migratorias de su gobierno, exigiendo la detención automática de migrantes en situación irregular acusados de ciertos delitos.
Esta ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante asesinada por un venezolano en situación irregular con antecedentes de robo.
Además, el gobierno de Trump ha eliminado permisos de permanencia temporal para migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, así como la aplicación móvil CBP One, que permitía a los migrantes solicitar citas para ingresar legalmente a EE.UU.
También ha restablecido la política «Quédate en México», obligando a los solicitantes de asilo a esperar en el país vecino mientras se resuelven sus casos.
Las deportaciones se han intensificado, con migrantes siendo enviados a sus países en vuelos militares con grilletes, lo que ha generado tensiones diplomáticas con naciones como Brasil y Colombia.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y líderes demócratas han condenado la política de Trump, considerándola inhumana y desproporcionada.
Sin embargo, el gobierno sostiene que estas medidas son necesarias para combatir lo que Trump ha denominado «delincuencia migratoria».
