Por: Leanlly Pérez- El 6 de enero de 2025, se reportó un acto vandálico en la Escuela Juan Pablo Duarte, ubicada en el sector homónimo de San Pedro de Macorís.
Un grupo de desaprensivos penetró al centro educativo aprovechando el feriado de las fiestas navideñas y causaron destrozos considerables.
Los delincuentes se llevaron dinero en efectivo, rompieron puertas y ventanas, destruyeron bombillas y arrojaron material educativo al suelo. Como parte de sus acciones irrespetuosas, utilizaron la Bandera Nacional para limpiarse, lo que generó indignación y repudio en la comunidad educativa.
La denuncia fue realizada por la profesora Cruz María Santana, presidenta municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quien condenó el acto y solicitó a las autoridades educativas y policiales llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar a los responsables de este hecho delictivo.
Santana subrayó la gravedad de la situación y su impacto en el centro educativo, que sufrió un daño significativo no solo en sus instalaciones, sino también en el valor simbólico de la educación.
El profesor Santo de la Rosa, dirigente de la seccional de la ADP en la ciudad, también expresó su pesar por lo ocurrido, señalando que los autores del vandalismo son menores de edad.
De acuerdo con información preliminar, los jóvenes involucrados podrían estar siendo manipulados por bandas delictivas que los atraen con promesas de beneficios.
De esta manera, el caso plantea una situación aún más preocupante, ya que implica a adolescentes en actividades criminales, lo que refleja una posible crisis de valores en su entorno.
De la misma manera, de la Rosa expresó su inquietud por la sofisticación de las herramientas utilizadas en el acto delictivo, las cuales fueron capaces de romper puertas y ventanas con facilidad.
Esto llevó a la conclusión de que podría haber adultos involucrados, quienes estarían suministrando los recursos necesarios para llevar a cabo estos actos vandálicos.
La situación pone de manifiesto la necesidad de un trabajo conjunto entre la comunidad, las autoridades educativas y las fuerzas de seguridad para frenar la creciente ola de delitos en centros educativos y asegurar un entorno seguro para los estudiantes y docentes.
