Por: Leanlly Pérez- El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda civil contra Margaret Carpenter, una médica de Nueva York, acusándola de enviar píldoras abortivas a una mujer residente en Texas.
La mujer, de 20 años, recibió los medicamentos por correo, lo que, según las autoridades de Texas, resultó en la interrupción del embarazo y graves complicaciones para la madre.
En su demanda, Paxton destacó que las leyes de Texas prohíben a los médicos o proveedores médicos suministrar fármacos abortivos por correo, mensajería o entrega, y también restringen la práctica de la telemedicina en el estado a médicos que cuenten con una licencia válida en Texas.
El fiscal general sostiene que Carpenter no tiene licencia para ejercer en Texas, por lo que solicita que se le prohíba ejercer la medicina en el estado, además de imponerle una multa de 100,000 dólares por cada infracción.
Paxton argumentó que la legislación de Texas busca proteger la salud y la vida de las madres y los bebés, y que no se debe permitir que médicos fuera del estado receten medicamentos abortivos de manera ilegal.
Por otro lado, el estado de Nueva York, controlado por los demócratas, cuenta con una ley conocida como «escudo», que brinda protección legal a los médicos locales que recetan píldoras abortivas a mujeres de estados donde el aborto está restringido o prohibido.
Esta ley forma parte de un esfuerzo más amplio en 18 estados gobernados por demócratas para garantizar el acceso a servicios de aborto, incluso en lugares donde las leyes estatales han restringido severamente el procedimiento.
Estas leyes escudo se implementaron después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el derecho al aborto en 2022, lo que permitió a los estados tomar decisiones individuales sobre la legalidad del aborto.
El caso plantea importantes desafíos legales, particularmente en relación con la extraterritorialidad, un principio jurídico que implica la aplicación de las leyes de un estado sobre las acciones realizadas en otros estados.
Este asunto será crucial para los tribunales, ya que aborda la compleja cuestión de si Texas puede aplicar sus estrictas leyes de aborto a médicos y residentes fuera de su jurisdicción.
Además, la demanda subraya las tensiones entre las leyes de diferentes estados, especialmente en un contexto donde el acceso a servicios de salud reproductiva sigue siendo un tema divisivo en Estados Unidos.
