La Sociedad Dominicana de Diarios expresó su preocupación y rechazo a la reciente “Política de Protección de Datos del Poder Judicial”, emitida por la Suprema Corte de Justicia, al considerar que esta política intenta imponer restricciones unilaterales que contravienen preceptos constitucionales y legales relacionados con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre procesos judiciales.
En un comunicado, la entidad que reúne a los principales medios impresos de República Dominicana indicó que la política fomentaría la opacidad judicial al otorgar a la SCJ un excesivo poder discrecional para ocultar información esencial para la transparencia y el ejercicio de las libertades públicas.
“La Suprema Corte de Justicia fundamenta esta Política de Protección de Datos del Poder Judicial en una interpretación errónea de diversas leyes que no son aplicables a los procesos judiciales, presentando argumentos que contradicen disposiciones legales que sí respaldan el acceso a los expedientes judiciales”, explicó.
El gremio periodístico recordó que el ordinal 4 del artículo 69 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a un juicio público, oral y contradictorio, con igualdad de condiciones y respeto al derecho de defensa.
Además, subrayó que la Suprema Corte menciona en su propuesta la Ley número 172-13 sobre la protección de datos personales, la cual es aplicable al tratamiento de datos por los juzgados y tribunales del país, pero sin afectar las fuentes de información periodísticas, tal como lo establece su artículo 1.
«La Sociedad Dominicana de Diarios INC., se opone categóricamente a las internaciones de la Suprema Corte de Justicia de restringir el acceso de la prensa a la información pública y reafirma su compromiso de luchar para que esta política sea revocada en su totalidad», puntualizó.
Política de Protección de Datos
La Política de Protección de Datos emitida por la Suprema Corte de Justicia establece que, en casos de interés público o investigaciones científicas, será la Secretaría del tribunal que emitió la sentencia la encargada de realizar el proceso de «disociación» o «anonimización» de los datos.
Lo anterior implica eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad, siempre que la ley no restrinja el acceso de terceros. En tales casos, los nombres y apellidos podrán ser sustituidos por sus iniciales.
Esta medida solo aplica a las sentencias publicadas en la página web del organismo o entregadas a terceros.
